Comunicado FOC



Bogotá D.C., 16 de junio de 2017 




Doctor 
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE 
Ministro de Salud 
Ministerio de Salud 
E. S. M. 


Ref.:

Definiciones sobre criterios de verificación de los requisitos del Sistema Único de Habilitación en Salud, respecto de profesionales independientes. 


Respetado Ministro: 
Ha sido el interés de la Federación Odontológica Colombiana promover en sus afiliados y en la comunidad en general el estricto cumplimiento de los estándares del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, los cuales permiten brindar seguridad a los usuarios y minimizar los riesgos de la prestación asistencial. 

Sin embargo, toda la comunidad odontológica se ha visto sumamente afectada por interpretaciones de la Resolución 2003 de 2014, a nuestro juicio equivocadas, que se han venido acogiendo por parte de algunas Secretarias de Salud, situación que está causando una verdadera crisis y un complejo replanteamiento en el ejercicio profesional de la odontología, principalmente en la atención a cargo de los profesionales independientes. 

En general, respetuosamente solicitamos se abran espacios científicos y técnicos de dialogo, que permitan exponer las razones que nos llevan a defender al ejercicio independiente y a fortalecer la dinámica de atención en consultorios, lo que supone una evaluación a fondo de la Resolución 2003 de 2014 y una interpretación adecuada del acto administrativo. 
A continuación expondremos punto por punto algunos de los aspectos contenidos en la Resolución 2003 de 2014, que consideramos serían el punto de partida en ese ejercicio objetivo de evaluación. 

1. Resulta esencial diferenciar los requisitos de habilitación que se exigen indiscriminadamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS, de los requisitos se calificación sobre los consultorios de profesionales liberales e independientes. 

Claramente, el concepto de IPS tiene una consideración institucional lo que supone una organización al servicio de la prestación asistencial. Las IPS están abiertas en menor o mayor medida al público en general y cuentan con unos protocolos de atención universal, que debe permitir el acceso permanente de todos los que requieran los servicios ofrecidos, en función de sus condiciones de habilitación y sus niveles de complejidad.

Muy diferente resulta la consideración de los profesionales independientes, quienes no ejercen la profesión de manera universal y disponibilidad permanente, sino en forma programada, con agendas y servicios que permiten una selección positiva de los pacientes en función de la capacidad, del tiempo y de diversas variables que puede establecer el profesional. 

Por tanto, el carácter universal de la atención a cargo de las IPS hace que deban cumplir con unos requisitos de accesibilidad esenciales, que resultan objetivos y universales para todas las instituciones. No así el carácter programado de los profesionales independientes, quienes pueden valorar positivamente si están ellos o su infraestructura, en capacidad o disponibilidad de prestar servicios en determinadas circunstancias. 

Ahora bien, las aseguradoras deben tener una red de prestadores que garantice la accesibilidad de todo paciente y esa red debe cumplir con todos los requisitos de habilitación, particularmente en infraestructura. No así los profesionales independientes, quienes pueden o no hacer parte de esa red de prestadores de las aseguradoras y pueden determinar las circunstancias de modo y tiempo en que habrán de seleccionar y atender a sus pacientes, condición que resulta de la esencia del ejercicio liberal de la profesión. 

Pero además, la diferenciación entre las IPS y los profesionales independientes tampoco es ajena a la Resolución 2003 de 2014, que los diferencia en el numeral 1.3., y que en consecuencia advierte que a los profesionales independientes no les será exigido el Programa de Auditor a para el Mejoramiento de la Calidad de la Atenci n de Salud - PAMEC.  

Por supuesto, como corolario de lo antes dicho, al reconocer esa obvia y natura diferenciación, no pueden exigirse los mismos requisitos de habilitación a las IPS y a los profesionales independientes, particularmente respecto de la infraestructura física (ascensores, múltiples y variados servicios sanitarios, rampas, tamaño de pasillos, etc). 

2. Dentro de los estándares de infraestructura, se exige el siguiente criterio1: “En instituciones prestadoras de servicios de salud que funcionen en edificaciones de hasta tres (3) pisos existen ascensores o rampas. En edificaciones de cuatro (4) o m s pisos, contados a partir del nivel m s bajo construido, existen ascensores.” 

Es claro que este criterio busca dar cumplimiento a las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en desarrollo de la Ley 1618 de 2013, norma que busca la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables que conlleven a eliminar toda forma de discriminación por razón de discapacidad. 

En primer lugar, esta norma no ha de aplicarse a profesionales independientes quienes ejercen la profesión de manera liberal, restrictiva y programada, y en esas condiciones no atenta contra el aseguramiento ni constituye discriminación. 

En segundo lugar, respecto de las IPS, para cumplir la finalidad de la norma muchas que no contaban con acceso a pacientes en condición de discapacidad en todos sus pisos, realizaron cuantiosas adecuaciones de infraestructura a efectos de garantizar que la población de especial protección tuviera acceso a todos los servicios habilitados en el primer piso. Otras, garantizaron el acceso a través de dispositivos como rampas eléctricas o sillas de oruga. 

Estas alternativas que resultan absolutamente consecuentes con el espíritu de protección social, eran aceptadas por los verificadores de las Secretarias de Salud generando plena confianza legítima en los administrados, por la aceptación de la administración. 

Insospechadamente, a partir de este año, las Secretarías de Salud exigen garantizar el acceso especial de esta población a todos los pisos de todas las IPS, incluso sean estos exclusivos para uso administrativo. Pero además, rechazan ahora el uso de dispositivos como rampas eléctricas o sillas de oruga que perfectamente se corresponden con avances y soluciones eficientes a la necesidad de acceso. 

Por supuesto, solicitamos se retome la lógica argumental que venía acogiéndose y se asuma que el objetivo de la norma es lograr el acceso de las personas discapacitadas, el cual se logra con las adecuaciones realizadas en un primer piso o con mecanismos técnicos similares que equiparen o mejoren el acceso. 

3. Dentro de los estándares de infraestructura, se exige el siguiente criterio2: “Las áreas de circulación deben estar libres de obstáculos de manera que permitan la circulación y movilización de pacientes, usuarios y personal asistencial”. 

En primer lugar, esta norma no ha de aplicarse a los consultorios de los profesionales independientes quienes ejercen la profesión de manera liberal, restrictiva y programada, y en esas condiciones no atenta contra el aseguramiento ni constituye discriminación. 

Respecto de las IPS debemos precisar que la norma está siendo aplicada de manera subjetiva sin criterios claros de definición en infraestructura, desconociendo además los derechos adquiridos de quienes válidamente construyeron o adquirieron sus edificaciones, y cumplían así sus requisitos de habilitación. 

Por supuesto, la Resolución 2003 de 2014 no define las dimensiones de las áreas de circulación, razón por la cual es necesario que se precisen esas áreas o que, en su defecto, se acuda al artículo 46 de la Resolución 14861 de 1985, que señala: “su ancho mínimo será de 0.90 metros, el ancho no será menor a 1.20 metros cuando se prevea circulación en silla de ruedas”. 

Por supuesto esas medidas son solo aplicables a las áreas de atención, no para áreas administrativas, o de uso privado o restrictivo. 

3. Dentro de los estándares de infraestructura, se exige el siguiente criterio3: “En instituciones prestadoras de servicios de salud, cuentan con unidades sanitarias para personas con discapacidad”. 

En primer lugar, esta norma no ha de aplicarse a los consultorios de los profesionales independientes quienes ejercen la profesión de manera liberal, restrictiva y programada, y en esas condiciones no atenta contra el aseguramiento ni constituye discriminación. 

En segundo lugar, la conjugación “cuentan” ha de referirse a disponibilidad, de manera que debe garantizarse el acceso o disponibilidad de unidades sanitarias directa (dentro de las IPS) o indirecta (que por ejemplo estén ubicados en áreas comunes de centros comerciales, edificios de servicios de salud, etc, que sean identificables y de fácil acceso). 

Adicionalmente, se está exigiendo a las IPS dos baños discriminados por sexo para personas en condición de discapacidad, cuando esa exigencia no está prevista en la norma de habilitación. Antes bien, el artículo 12 de la resolución 4445 de 1996, determina: “Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, instalarán en el área física destinada a los servicios, por lo menos una unidad sanitaria que conste de: un inodoro y un lavamanos, por cada quince (15) personas, incluyendo pacientes ambulatorios, visitantes y personal que en él labore, discriminados por sexo y por uso. 

4. Dentro de los estándares de infraestructura, se exige el siguiente criterio:4 “El consultorio odontológico cuenta con: Lavamanos por consultorio, en caso de contar el consultorio con unidad sanitaria no se exige lavamanos adicional.” 

El numeral 3.2.2 de la Resolución, define los lavamos como: “aparatos dotados con llaves para suministro de agua y sifón, de uso exclusivo para lavado de manos, la grifería, donde se requiera por las condiciones de asepsia (áreas quirúrgico- obstetrica y de procedimientos, ser con accionamiento de manos libres)”. 

Por consiguiente, los lavamanos exigidos a los servicios de odontología general y especializada han de ser de llave. 

Sin embargo, está haciendo carrera en las entidades de control y vigilancia que estos servicios deben contar con accionamiento de tipo manos libres cuando así no lo dispone la norma, situación que solicitamos ajustar en consecuencia con la claridad normativa. 

5. Dentro de los estándares de infraestructura, se exige el siguiente criterio: 5 “En las instituciones prestadoras de servicios de salud, existe un ambiente de uso exclusivo para el almacenamiento central de residuos hospitalarios y similares. Los lugares destinados al almacenamiento central y temporal de residuos hospitalarios y similares, cumplen con las características establecidas en la Resolución 1164 de 2002 o las normas que la modifiquen o sustituyan”. 

En primer lugar, encontramos una clara contradicción sobre la ubicación del almacenamiento temporal de los residuos, que se desprende de la variada y siguiente normatividad: 

La resolución 1164 del 2002 numeral 7.2.6.2 Almacenamiento central determina: “Localizado en el interior de la institución, aislado del edificio de servicios asistenciales y preferiblemente sin acceso directo al exterior”, por su parte la Resolución 4445 de 1996 en su artículo 23 menciona “de los ambientes para el almacenamiento de residuos...ítem... N. 7: Estar ubicado preferiblemente fuera del rea construida de la institución, en sitios de f cil acceso”. Así mismo La resolución 2003 de 2014 en el numeral 3.2.2. de Infraestructura visible página 199 menciona: “En Infraestructura. Las disposiciones contenidas en la Resolución 4445 de 1996 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, se aplicarán exclusivamente a la infraestructura física creada, modificada o inscrita, a partir del 1 de noviembre de 2002. En caso de crear o modificar uno o más servicios, sólo se le aplicará la Resolución 4445 de 1996, al servicio creado o modificado”. 

Es importante tener claridad sobre la norma con base en la cual se procede a verificar el cumplimiento, dado que en algunos casos las autoridades de habilitación han obligado que se saquen los residuos de las IPS y en otros han instruido entrarlos dentro de la institución. 

En segundo lugar, las autoridades de habilitación están advirtiendo que no se pueden usar áreas de almacenamiento de residuos de edificios de consultorios y/o centros comerciales que cumplen con las características de almacenamiento. 

Esa exigencia supera el sentido sustantivo de la norma, que no es otro que cumplir con condiciones confinadas y cuidadosas de almacenamiento de este tipo de residuos. Incluso, puede resultar mucho más precautelar que existan áreas en los edificios y no directamente en los consultorios o en las instalaciones de algunas IPS que sean cercanas a los pacientes. 

5. Dentro de los estándares de infraestructura, se exige el siguiente criterio:6 “La institución dispone en cada uno de los servicios de ambientes de aseo de: poceta, punto hidráulico, desagüe y rea para almacenamiento de los elementos de aseo”. 

Los servicios de consulta externa de odontología general y/o especializada, habilitan sus servicios junto con proceso (no servicio) de esterilización. Dado a esto se está solicitando: 

- Poceta para el servicio 
- Poceta para el proceso de esterilización, aclaramos que no es un servicio. 
- Poceta para el área de almacenamiento de residuos hospitalarios. 

Es pertinente evaluar si realmente un servicio de baja y mediana complejidad como lo es odontología general y/o especializada requeriría de tres pocetas diferentes, cuando los espacios son reducidos y como lo hemos manifestado dicha exigencia es para cuando se habilita el servicio y en este caso simplemente es un servicio más del proceso. 

Anteriormente se venía manejando con elementos de aseo exclusivos para cada área, lo cual consideramos idóneo y suficiente. 

6. Por otro lado, solicitamos atender a la lógica del ejercicio profesional independiente de la odontología, que usualmente comparte consultorio con varias unidades de odontología. 

Por lo mismo, si el consultorio y las unidades cumplen con condiciones obvias de calidad e idoneidad, debe poderse habilitar el servicio indicando el número de unidad cuando haga parte de un consultorio con varias unidades odontológicas. 

7. En las visitas de habilitación usualmente quedaba registro en las actas respecto de los ítems de habilitación incumplidos, actuación administrativa que permitía una mayor precisión en las mejoras y ajustes, pero principalmente, garantizaba el debido proceso y el derecho de defensa. 

Esa práctica jurídicamente esencial ya no se cumple y apenas se deja un registro general, sin precisión y sin posibilidad de determinación, afectando gravemente el debido proceso. 

Por tanto, atentamente solicitamos que en el acta de visita se vuelva a deja consignado el detalle de cada uno de los ítems incumplidos. 

8. Finalmente, solicitamos mayores espacios de participación en la discusión, elaboración e implementación normativa, de manera que se consulte al gremio odontológico y a las asociaciones científicas en defensa siempre de la buena práctica odontológica y de los usuarios. 

Se advierte que las variables y los cambios continuos en los criterios de verificación a los requisitos de habilitación, principalmente en infraestructura física, afectan económica y contundentemente a los odontólogos y a todos los profesionales responsables de los servicios sanitarios, y en ultimas atenta contra el servicio mismo. 

Por último, sugerimos construir una lista de chequeo clara de variables por definir, que conduzca a criterios claros y objetivos de aplicación e interpretación normativa, y en últimas, a una esencial seguridad jurídica. 

Quedamos atentos a sus indicaciones y ofrecemos nuestra permanente disponibilidad de escucha y apoyo efectivo. 


Cordialmente, 

MARÍA FERNANDA ATUESTA MONDRAGÓN 
Presidente Federación Odontológica Colombiana 

c.c. Dr. Luis Gonzalo Morales Sánchez – Secretario de Salud Dr. Norman Julio Muñoz – Superintendente Nacional de Salud Dr. Carlos Alfonso Negret – Defensor del Pueblo Dr. Edgardo Maya Villazón – Contralor General de la Republica Senador Álvaro Uribe Vélez – Comisión Séptima Senado Dr. Fernando Carrillo Flórez – Procurador General de la Nación