Pase la Voz!!!



Así vamos con el tema de habilitación 

Bogotá, 3 de abril de 2018 

Doctor: Alejandro Gaviria Ministro de Salud y protección Social 

Carrera 13 No 32 – 76 Piso 1 Ciudad 

Ref. Proceso de Habilitación Prestadores de Servicios de Salud 

Respetado Señor Ministro; 


La Sociedad Colombiana de Ortodoncia (SCO), es una agremiación de profesionales de ortodoncia, que tiene como principal objeto el de asegurar la idoneidad y calidad del ejercicio de la profesión en Colombia, ello con el fin de promover el progreso continuo de nuestra especialidad y asegurar el bienestar y mejoramiento de la salud oral de la población colombiana. 

Es por ello que entendemos el interés del Ministerio de que los pacientes tengan certeza de que los consultorios y clínicas a las que asisten tenga la idoneidad y la capacidad para prestar los servicios que promueven, y que dicho servicio se preste con los más altos estándares de calidad propios de un servicio de salud. 

En atención a lo anterior la SCO, dentro de su actividad social se ha caracterizado por informar y generar conciencia en sus asociados de la relevancia del procedimiento y condiciones de nuestra inscripción y habilitación como prestadores de salud, pues precisamente su cumplimiento permite que se garantice la finalidad que persigue la norma como lo es que los servicios se presenten en condiciones que minimicen los riesgos de seguridad para el paciente. 

Ahora bien, consideramos de gran importancia que el Ministerio pueda conocer de primera mano las dificultades que se están presentando en el caso de los profesionales de la salud y que nos permitimos dividir en dos grandes acápites así: 

Prestadores de Servicios de Salud no habilitados: Con frecuencia observamos que muchas clínicas y profesionales independientes, no se encuentran registrados ni habilitados de conformidad con los términos de la Resolución 2003 de 2014, al no hacer el registro, entendemos que sólo en el evento en que los pacientes presentes quejas relacionadas con el servicio ante la Secretaria de Salud, esta última realiza controles sobre dichas clínicas y consultorios, es por lo anterior que respecto de dicho sector “informal” es donde se requiere una mayor participación en las labores de control y vigilancia, pues es en estos espacios en los cuales existe un mayor riesgo para los pacientes. 

Dentro de este mismo acápite ubicamos a los prestadores de salud que habiéndose habilitado para servicios generales, realizan procedimientos de especialistas, este es el caso de nuestra especialidad, en la cual profesionales con título en odontología general realizan tratamientos de ortodoncia, sin asegurar la capacidad tecnológica y científica que demanda la resolución, pues en la mayoría de los eventos no se trata de la ausencia del procedimiento de habilitación de la especialidad sino que no se cuenta con el recurso humano especializado en este tipo de intervenciones. 

A esta situación contribuye el vacío legal que en materia de educación informal existe en nuestra legislación y que permita a entidades no calificadas impartir cursos de educación no formal en temas propios de la especialidad, y pretender que en tiempos reducidos se traslade a un profesional el conocimiento que demanda la especialidad y la experiencia que se adquiere en un programa de educación formal. 

Prestadores de Servicios Habilitados: 

Dentro del sistema de control se encuentra el plan de visitas, el cual fue concebido como la herramienta fundamental para que las Direcciones Departamentales y Distritales para controlar el cumplimiento de las condiciones de habilitación, siendo trasparente para cualquier administrado que las normas deben ser objeto de cumplimiento y que parte de la labor del estado es garantizar que dichas normas sean objeto de cumplimiento. 

Sin embargo, no prevé la norma ni las buenas prácticas en materia de auditoria que las mismas deban realizarse sin conocimiento previo del administrado, y realizarlas de esta manera tan sólo conlleva que el paciente que tenga prevista atención el día en que se presenta a la visita no pueda ser atendido por el profesional de la salud, cierto es que en la mayoría de los eventos la cita es informada y concertada con el profesional de la salud, por lo que se solicita que esta sea la premisa que aplique para todos los eventos de la visita. 

En segundo término, se establece como medida preventiva la imposición de sellos en consultorios y clínicas, esta medida preventiva en muchas ocasiones es adoptada con base en el acta de visita y desafortunadamente en ocasiones prima el criterio subjetivo de los funcionarios de la secretaria y no las condiciones objetivas definidas en la norma. Absteniéndose el funcionario delegado para la visita de informar de manera precisa y fundamentada el estándar que se está incumpliendo y el fundamento de dicho incumplimiento. 

Lo anterior conlleva una dificultad adicional para nosotros como prestadores del servicio por cuanto de un lado en las visitas por razones que desconocemos, se está limitando el derecho de defensa al restringir la posibilidad de emitir observaciones en el acta y de otra parte de manera contraria al sentido de la norma el objetivo se vuelve meramente sancionatorio, y no en la identificación de oportunidades de mejora que una vez sean adoptadas por el prestador, reducirán los riesgos detectados por la Secretaria a los que pueda estar expuesto el paciente, es así que la finalidad se vuelve meramente documental y procedimental y no instructiva y correctiva que es como entendemos debería orientarse. 

Lo anterior aunado a la dificultad de asignación por parte de la secretaria de una nueva visita de verificación en el corto plazo conlleva la imposibilidad prolongada de prestación oportuna del servicio de salud al paciente, así como de ejercicio oportuno del derecho de defensa de los administrados, más aún si se considera que el acto administrativo asociado al cierre temporal se recibe mucho tiempo después del acto de imposición de sellos, e incluye en muchos eventos elementos adicionales a los expuestos por el funcionario al momento de realizar la visita. 

Por último, existen requerimientos en materia técnica, que resultan meramente formales y que no generan un valor agregado de fondo ni para los profesionales de la salud ni para los pacientes, por lo que no queda claro cuál es el sentido de los mismos. A los efectos y a título meramente enunciativo, nos permitimos citar los siguientes: 

Aun cuando el profesional de la salud cumpla con todos los estándares y requisitos para la habilitación, si incurrió en algún hierro en el sistema de auto evaluación y por tanto no se surtió íntegramente el proceso documental, se considera que no se encuentra habilitado, incluso cuando el hierro derive del mismo sistema suministrado para el proceso. 

Por demás no es claro el motivo por el cual, si toda la información se ingresa al sistema, se exija adicionalmente la radicación física de los documentos, desconociendo de esta forma la validez que la ley le da a los documentos digitales y al hecho de que los documentos se presumen auténticos, derivando únicamente en que la agilidad y eficiencia esperada de la sistematización del proceso se vea anulada. 

Existen exigencias relacionadas con la idoneidad de los equipos que no se encuentran sustentadas en ningún análisis clínico o buenas prácticas internacionales, es el caso del requerimiento de calibración de equipos de esterilización ( Autoclave) o el Termo Hidrómetro, considerando que estos equipos son automáticos, no requieren ajuste manual y los parámetros de su funcionamiento vienen de fábrica, por tanto la recalibración sólo debería ser exigible en los eventos en que los resultados de control biológico de los mismos no sean los idóneos. 
 

Es incluso más disconforme con la norma, la exigencia que se ha hecho en algunas visitas de modificar los avisos que identifican las áreas de los consultorios, porque no se refleja la letra o las condiciones en que estos avisos están supuestamente ubicados, solicitando su reubicación en distancias que materialmente no son relevantes (incluso 5 a 10 cm). 


Se presentan recomendaciones contrarias por los funcionarios que asisten en las visitas, por ejemplo, exigiendo en algunos casos el sistema de lavado de manos automático directo, en otros casos por accionamiento de pedal y en otros casos indicando que no es necesario, y es esa falta de uniformidad en los criterios adoptados por los funcionarios que hacen las visitas, lo que genera inseguridad jurídica para el profesional que está siendo objeto de la visita. 


Por último, se hacen exigencias de contar con envases o elementos para disponer de amalgamas u otros materiales, que de un lado no son utilizados por el profesional de la salud, y de otro lado parten de la excepción, cuando la ausencia de dicho elemento per ser no crea riesgo de ninguna naturaleza para el paciente. 

 

Existe otra serie de ejemplos adicionales que con mucho gusto podríamos exponerle como gremio y que desde nuestra perspectiva conlleva que el sentido y fin de la norma se está diluyendo, pues en lugar de asegurar el correcto ejercicio de nuestra especialidad, así como el control efectivo de cualquier riesgo al que pudiese llegar a estar expuesto al paciente, se avoca al profesional independiente a entender y aceptar el criterio del funcionario encargado de la visita, viéndose obligados al cumplimiento de requisitos meramente formales, asociados a un análisis que muchas veces resulta ser de carácter netamente subjetivo y en donde incluso en reiteradas oportunidades no se fundamenta el presunto incumplimiento del profesional de la salud, faltando al principio básico del derecho administrativo, como lo es la motivación del acto administrativo. 


De otro lado esa línea formativa, y preventiva que se pretendió desarrollar por el Ministerio en conjunto con los profesionales de la salud se ha desdibujado, la regulación se imparte de manera general, desconociendo las diferencias objetivas de los prestadores de la salud, y estableciendo requisitos que no tienen sustento técnico o que teniéndolo nunca se abrió la posibilidad de desvirtuar o controvertir por parte de las sociedades científicas. 


Es por lo anterior, Señor ministro que le solicitamos se abra un espacio en que en conjunto con la Secretaria de Salud, las Sociedades Científicas y las agremiaciones de las diferentes profesiones de la salud, con el fin de que podamos revisar los aspectos técnicos y científicos de la normatividad, se regule el procedimiento de verificación incluyendo la visita, los términos de notificación escrita de las decisiones adoptadas en la misma, las facultades de cierre como medida preventiva, los tiempos máximos en que la Secretaria debe otorgar la visita de verificación y/o levantamiento de la medida preventiva, de modo tal que se asegure el interés tutelado por la norma que es la salud y la idoneidad de los prestadores de los servicios de salud, evitando que en el proceso se conculquen derechos de estos últimos como lo son el derecho a la defensa y al trabajo. 


De antemano agradecemos su atención, y quedamos a su disposición para revisar y presentar de manera personal los elementos que en esta comunicación hemos procurado plantear de manera resumida, pero que realmente se constituyen en hechos frecuentes y de gran magnitud para nuestro gremio. 


Cordial Saludo 



DR. RAMIRO MEJIA SANIN

 

Presidente 



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